lunes, 1 de septiembre de 2014

Wilson Gómez se querella contra jueces dictaron conducencia en su contra

 

El magistrado del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez se querelló este lunes contra los jueces de paz Leonardo Recio Tineo y Gissel Naranjo Tejada, suplente del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por dictar orden de conducencia en su contra.
Estos lo acusan de incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones como el relacionado a la falsificación de títulos del Tribunal de Tierras cuando fue director de ese organismo.
Gómez pidió la destitución de los jueces por considerar que ambos violaron el artículo 187 de la Constitución de la República.
“Los magistrados Recio Tineo y Naranjo comprometieron su responsabilidad al violar el párrafo 2 de artículo 149 de la Constitución que dice: los tribunales no ejercerán más funciones que los que les atribuyen la Constitución y las leyes”, citó Gómez.
Según el magistrado, los jueces incurrieron en una falta grave e inexcusable al desconocer y no aplicar en el caso, el contenido del artículo 195 del Código Procesal Penal que manifiesta la excepción a la obligación de comparecer.
La querella interpuesta por Gómez y que fue extendida además a los defensores públicos Rodolfo Valentín Santos y Roberto Quiroz, quienes estuvieron presentes en la audiencia cuando se dictó la orden de conducencia en su contra, fue depositada en ante el Consejo se Poder Judicial y de los defensores públicos en la Oficina de Defensoría Pública.
Gómez estuvo acompañado de del presidente del Constitucional Milton Ray Guevara, y los jueces Leida Piña, Lino Vásquez Samuel, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso Reyes.
El 7 de agosto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó orden de conducencia contra Gómez, como testigo en caso de mafia de falsificación de títulos.
Los jueces dictaron la orden a solicitud de la barra de la defensa en el juicio que se les sigue a varios imputados acusados hace cinco años de integrar una supuesta banda de falsificadores de títulos de propiedad, la cual incluye funcionarios del Poder Judicial.