Dice viola la Constitución y contrato de concesión minera
SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina devolvió al Senado, sin promulgar, y observó en su totalidad la Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, por entender que viola varios artículos de la Constitución, y que conllevaría el desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de protección de inversiones.
En una carta a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, que fue leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el mandatario cita las razones que lo llevaron a observar la referida ley.
El Jefe del Estado argumentó que la creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades competentes tienen identificada como de gran potencial minero (artículos 1 y 2), es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales.
De igual manera, plantea que en la legislación observada se establece como Parque Nacional un área sobre la que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado dominicano, y advierte sobre las consecuencias que traería su extinción, y cómo afectaría la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión en la República Dominicana.
“La aprobación fue una acción legislativa extemporánea, debido a que ha sido la voluntad del constituyente de 2010, que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, se haga en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, que mediante ley debe expedir ese poder del Estado”, refiere en la misiva.
En ese sentido, solicitó al Congreso Nacional no solamente rechazar esta ley, sino, además, “postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda, y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional, de potencialidad minera, hasta que el Poder Legislativo dicte la ley que manda la Constitución sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que de manera racional, se maximice la protección de nuestros recursos naturales, y se propicie un desarrollo minero responsable”.
El Ejecutivo ponderó el efecto adverso para el desarrollo del país que tendría una ley que establezca un Parque Nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales, y las tecnologías de explotación minera, garanticen su sostenibilidad.
También llamó la atención sobre el derecho de propiedad de particulares dentro del ámbito del Parque Nacional Loma Miranda, que no pueden ser afectados por expropiación.
Cristina y Abel fueron a palacio
Previo a la rueda de prensa del portavoz del Gobierno, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo y al titular de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, con quienes el mandatario habría consultado sobre el plazo que establece la Constitución para la promulgación de la ley sobre Loma Miranda, según informó la legisladora. De acuerdo con Lizardo, al mandatario supuestamente le interesaba saber cuál era el límite de espera que tenía. Sin embargo, minutos después de ésta retirarse de la casa de gobierno, Roberto Rodríguez Marchena informó de las observaciones del gobernante a dicha ley.
Observación no autoriza explotación de Miranda
En la carta a la presidenta del Senado, Medina aclara que su decisión no representa una expresión de voluntad del Gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda.
Consideró que una decisión de esta naturaleza debe ser tomada luego que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y validados los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medio ambientales.
Garantizó al pueblo y a los sectores defensores de los recursos naturales, de los que apuntó estaba consciente de que no recibirían bien la observación, que bajo su presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda, ni en ningún otro lugar del territorio nacional, “sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible, y que la empresa beneficiaria de la concesión, se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”.
El presidente Medina resaltó que al asumir la primera magistratura del Estado el 16 de agosto de 2012, juró en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 127 de la Carta Magna “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”.
Ni fundamentalismo ni capitalismo minero salvaje
Danilo Medina dijo que como Presidente de la República no se considera “adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje”.
Sostuvo que su responsabilidad como primer mandatario lo obliga a ponderar necesariamente entre la necesidad del aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección adecuada de los mismos en provecho de la presente y de las futuras generaciones.
Expresó que esa ponderación, ordenada por la Carta Sustantiva del Estado en su artículo 74.4, lo obliga a una acción presidencial que armonice ambos bienes constitucionales sin necesidad de sacrificar uno u otro.
“Es política pública de esta administración en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, el conferir exclusivamente los títulos habilitantes medioambientales exigidos por la normativa vigente, a los proyectos que sean sostenibles, así como promover redes sociales de moniotoreo en las que, aparte del control regulatorio de los órganos públicos, participe activamente la comunidad en celosa vigilancia de los compromisos ambientales que procuran el uso sostenible de recursos naturales a través de Consejos de Cuencas”, precisó.
En una carta a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, que fue leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el mandatario cita las razones que lo llevaron a observar la referida ley.
El Jefe del Estado argumentó que la creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades competentes tienen identificada como de gran potencial minero (artículos 1 y 2), es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales.
De igual manera, plantea que en la legislación observada se establece como Parque Nacional un área sobre la que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado dominicano, y advierte sobre las consecuencias que traería su extinción, y cómo afectaría la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión en la República Dominicana.
“La aprobación fue una acción legislativa extemporánea, debido a que ha sido la voluntad del constituyente de 2010, que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, se haga en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, que mediante ley debe expedir ese poder del Estado”, refiere en la misiva.
En ese sentido, solicitó al Congreso Nacional no solamente rechazar esta ley, sino, además, “postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda, y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional, de potencialidad minera, hasta que el Poder Legislativo dicte la ley que manda la Constitución sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que de manera racional, se maximice la protección de nuestros recursos naturales, y se propicie un desarrollo minero responsable”.
El Ejecutivo ponderó el efecto adverso para el desarrollo del país que tendría una ley que establezca un Parque Nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales, y las tecnologías de explotación minera, garanticen su sostenibilidad.
También llamó la atención sobre el derecho de propiedad de particulares dentro del ámbito del Parque Nacional Loma Miranda, que no pueden ser afectados por expropiación.
Cristina y Abel fueron a palacio
Previo a la rueda de prensa del portavoz del Gobierno, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo y al titular de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, con quienes el mandatario habría consultado sobre el plazo que establece la Constitución para la promulgación de la ley sobre Loma Miranda, según informó la legisladora. De acuerdo con Lizardo, al mandatario supuestamente le interesaba saber cuál era el límite de espera que tenía. Sin embargo, minutos después de ésta retirarse de la casa de gobierno, Roberto Rodríguez Marchena informó de las observaciones del gobernante a dicha ley.
Observación no autoriza explotación de Miranda
En la carta a la presidenta del Senado, Medina aclara que su decisión no representa una expresión de voluntad del Gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda.
Consideró que una decisión de esta naturaleza debe ser tomada luego que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y validados los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medio ambientales.
Garantizó al pueblo y a los sectores defensores de los recursos naturales, de los que apuntó estaba consciente de que no recibirían bien la observación, que bajo su presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda, ni en ningún otro lugar del territorio nacional, “sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible, y que la empresa beneficiaria de la concesión, se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”.
El presidente Medina resaltó que al asumir la primera magistratura del Estado el 16 de agosto de 2012, juró en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 127 de la Carta Magna “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”.
Ni fundamentalismo ni capitalismo minero salvaje
Danilo Medina dijo que como Presidente de la República no se considera “adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje”.
Sostuvo que su responsabilidad como primer mandatario lo obliga a ponderar necesariamente entre la necesidad del aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección adecuada de los mismos en provecho de la presente y de las futuras generaciones.
Expresó que esa ponderación, ordenada por la Carta Sustantiva del Estado en su artículo 74.4, lo obliga a una acción presidencial que armonice ambos bienes constitucionales sin necesidad de sacrificar uno u otro.
“Es política pública de esta administración en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, el conferir exclusivamente los títulos habilitantes medioambientales exigidos por la normativa vigente, a los proyectos que sean sostenibles, así como promover redes sociales de moniotoreo en las que, aparte del control regulatorio de los órganos públicos, participe activamente la comunidad en celosa vigilancia de los compromisos ambientales que procuran el uso sostenible de recursos naturales a través de Consejos de Cuencas”, precisó.
